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Iria, de matar a una amiga en Cádiz para ser famosa a maestra en Oxford: así ha huido una de las ‘brujas’

Raquel (izquierda) e Iria, que oculta su rostro bajo una capucha, llegando al juzgado de San Fernando (Cádiz).

Se empleó como profesora de apoyo en una escuela en 2016. Junto a Raquel Carlés mató a puñaladas y degolló a su amiga Klara García.

“Horror”, titulaba The Sun. “Una escuela de Oxford contrató a la asesina Iria Suárez como profesora de apoyo”, decía la más comedida BBC al informar de una noticia que sorprendió a todo Reino Unido a principios de la semana pasada.

Diecinueve años después volvía a las portadas de periódicos y a los boletines de radio y televisión una de las dos brujas de San Fernando, las menores gaditanas -la otra es Raquel Carlés- que en el año 2000 asesinaron a su mejor amiga, Klara García. Hasta la fecha se habían convertido en fantasmas. Nada se sabía de ellas. Las tres adolescentes eran de un pueblo vecino a Cádiz. A Klara le propinaron 32 puñaladas por todo el cuerpo, le golpearon la cabeza y la degollaron.

Iria y Raquel eran aficionadas a la güija y se carteaban con José Rabadán, el asesino de la catana. No perdonaron que Klara se distanciara de ellas tras ennoviarse con un chico del pueblo. “¿Para qué me habéis traído aquí, para matarme?”, les preguntó la víctima antes de morir cosida a puñaladas.

Las brujas de San Fernando, como las llamó la prensa española de aquel tiempo por su afición al esoterismo y su vestimenta gótica, no tuvieron compasión con la que hasta hacía pocos meses había sido el alter ego de ambas.

La tranquila Oxford, ciudad donde se encuentra una de las universidades más prestigiosas del mundo, se despertó sobresaltada el pasado lunes. Los medios de todo el país contaban que en uno de sus colegios, la escuela primaria West Oxford, había trabajado Iria Suárez durante diez meses. Fue entre septiembre de 2016 y junio de 2017. Iria, que estudió Psicología a distancia durante su reclusión, se empleó como profesora de apoyo y estuvo rodeada de niños de cinco, seis, siete años… Y nadie sospechó.

La alerta a la escuela llegó de la Policía Nacional, que había recibido previamente la información a través de un anónimo. Los agentes españoles informaron al Consejo del Condado de Oxford en octubre de 2017, cuando el contrato de la asesina, que ahora tiene 35 años, ya había terminado.

Durante el juicio se evidenció que Iria Suárez fue la ideóloga del asesinato de Klara García, que tenía 16 años cuando la asesinaron. Iria no informó a la escuela de su pasado ni el centro escolar encontró nada extraño en su expediente. Al tratarse de una menor cuando cometió el crimen, los delitos habían desaparecido de su registro, de acuerdo a la ley española. En España las condenas pueden eliminarse del registro de un condenado cuando cumple 28 años y si el delito se cometió cuando era menor de 18.

Colegio de primaria en Oxford (Inglaterra) en el que trabajó Iria Suárez.

Tras recibir la alerta policial, la Fiscalía británica analizó el expediente de Iria Suárez gracias a la colaboración de la justicia española. El colegio donde había trabajado denunció a Iria Suárez por no revelar su pasado delictivo. Pero el 10 de junio de 2019 retiró su acusación porque sabía que la legislación española amparaba a la asesina.

Un portavoz del Consejo del Condado de Oxford dijo que la escuela en la que trabajó Iria Suárez deberá seguir procesos de contratación de profesores “más seguros». Por su parte, el colegio no ha hecho ningún comentario. Iria ha vuelto a desaparecer.

Cantando en los calabozos

“Aquello nos pareció escalofriante a quienes fuimos testigos”, cuenta el abogado José Ignacio Quintana en su despacho de San Fernando (Cádiz). Pese al paso de los años, 19 ya, recuerda con exactitud la fecha de una escena que tiene grabada en la mente. “Si el asesinato se produjo el 27 de mayo del 2000, aquello debió de ser el 29, el 30 o el 31 de ese mes”, explica.

– ¿Qué ocurrió, abogado?

Aquello sucedió unas horas después de que Iria Suárez y Raquel Carlés le propinasen a Klara García 32 navajazos, dos golpes contundentes en la cabeza y le rajasen el cuello a la que había sido su amiga. Las tres adolescentes estudiaban en el Instituto Isla de León de San Fernando.

Aquel día, Iria y Raquel estaban detenidas en los calabozos de los juzgados de su pueblo. En ese momento ya habían confesado el crimen ante los investigadores de la Policía Nacional. Les explicaron que acabaron con la vida de Klara de una forma tan salvaje para convertirse en famosas y porque querían saber qué se siente al matar.

– Pero, ¿qué sucedió, abogado?, insiste el reportero.

José Ignacio Quintana, letrado de los padres de Klara García, echa la espalda contra el respaldo de su asiento, cruza las manos, se toma un par de segundos.

– Creo que aún ni siquiera estaba enterrada Klara. De fondo se escuchaba un canturreo. La mayoría de los que estábamos allí nos extrañamos. Pero eran ellas, Iria y Raquel. Estaban cantando dentro de los calabozos. Un par de días antes acababan de cometer una atrocidad y ellas estaban así, tan joviales, tan tranquilas. No mostraban remordimiento ni arrepentimiento alguno.

Las primeras bajo la Ley del Menor

Iria y Raquel fueron las primeras condenadas por asesinato en España bajo la Ley del Menor, que entró en vigor el 1 de enero de 2001. Tras ellas vendrían, entre otros, José Rabadán, que mató a sus padres y a su hermana; el Rafita, que junto a otros dos menores violó y quemó viva a Sandra Palo, o Javier García el Cuco, al que se le condenó por encubrir el asesinato de Marta del Castillo.

También hubo otros casos menos mediáticos, como el de la chiquilla que en el año 2000 mató a su hermano en Estepona (Marbella) mientras estaba sonámbula. O la muerte de María Dolores, a quien en 2008 mató Sergio, también menor, porque había grabado el beso que se habían dado juntos y luego lo subió a internet, lo que no gustó al chico porque tenía novia.

Todos ellos disfrutan ya de la libertad. Cometieron sus delitos en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 17 años. Por debajo hubiesen sido inimputables. Por encima, se les habría condenado a altas penas de cárcel.

Desde el año 2010, 338 menores de edad han sido condenados en España por delitos de homicidio y sus formas, de acuerdo a los datos que se recogen en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores.

Reconstrucción del asesinato cometido por Iria y Raquel -ambas, presentes- en el descampado de El Barrero.

El último año registrado es 2016, cuando los Juzgados de Menores de todo el país condenaron por delitos relativos al homicidio y sus formas a 45 menores de edad. Dicha cifra “no es alarmante” para la Fiscalía de Menores “teniendo en cuenta que la mayoría de los asesinatos u homicidios fueron en grado de tentativa y algunos de esos hechos al final se sobreseyeron o se calificaron como lesiones graves u homicidios imprudentes».

El 80% de los menores que cometen delitos no son delincuentes. Del 20 por ciento restante, la mitad puede reinsertarse trabajando a conciencia con ellos. El restante 10% “son carne de cañón”, explica el magistrado Calatayud, del Juzgado de Menores de Granada.

Una de las últimas condenas a un adolescente la dictó en diciembre de 2017 el Juzgado de Menores de Almería. Impuso ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco años de libertad vigilada a Z., un menor de 16 años que prendió fuego con un mechero a un sofá y causó un incendio en una casa-cueva a las afueras de la ciudad andaluza. Fallecieron por asfixia un joven de 18 años y dos chicas de 15 y 12. Se llamaban Cinthia, Naima y Alejandro. Su historia la contó este reportero en abril de 2017, horas después del suceso.

Iria, psicóloga; Raquel, celadora

Hoy en día, Iria Suárez y Raquel Carlés “están insertadas socialmente a la perfección”, explica a EL ESPAÑOL el psicólogo Javier Urra, por aquel entonces Defensor del Menor.

Urra conoció de cerca la evolución de las dos asesinas gaditanas en los centros de menores en los que, por la aplicación de la Ley del Menor y a su buena conducta, no llegaron a pasar recluidas ni cinco años. “No voy a dar más detalles”, dice Urra.

Iria y Raquel llevan una vida con normalidad lejos de su San Fernando natal, donde jamás han vuelto. “Si lo hacen, por mucho que hayan cambiado, se les reconocería y alguien las lincharía”, cuenta Juan, un hombre de 51 años que pasea por el parque en el que mataron a Klara. En aquel entonces era un descampado sin edificar. “Aquel suceso traumatizó al pueblo, acostumbrado a la tranquilidad”, cuenta el hombre mientras pasea a su perro.

Iria, según las fuentes consultadas por este periódico, ya no vive en España, aunque pasó un tiempo en Vigo. Estudió parte de la carrera de Psicología a través de la UNED desde el centro de menores de Monteledo, en Ourense. Su padre, que era militar y estaba en Bosnia cuando ella y Raquel mataron a Klara, tuvo que deshacerse de todos sus bienes para pagar los 246.415 euros que un juez impuso a las familias como responsables civiles.

Los padres de Raquel no pudieron poner ni un solo euro. Apenas tenían para comer. Raquel, quien estuvo ingresada en el centro de menores de El Madroño (Madrid), se quedó a vivir en la capital de España cuando quedó libre. Ha trabajado como celadora y, según lo que llega al oído del abogado de los padres de Klara García, “estaría trabajando en un centro de menores”. “Sería increíble, pero todo puede ser”, dice el letrado.

La Ley del Menor las salvó de 25 años de prisión

El día que asesinaron a Klara, Iria tenía 16 años y Raquel 17, aunque ésta última estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad -cumplía los 18 el 7 de agosto-. El hecho de ser menores y el año en el que cometieron el crimen (2000) les salvó de ser juzgadas como adultas y de una condena que podría haber llegado a los 25 años de prisión.

El por entonces Gobierno de José María Aznar había aprobado la Ley del Menor unos meses antes del crimen de San Fernando. La norma entró en vigor más tarde, el 1 de enero de 2001, y a Iria y a Raquel se les juzgó mediante la nueva legislación.

Durante los siete meses transcurridos entre el día del asesinato, 27 de mayo de 2000, y el 31 de diciembre de ese año, las dos amigas estuvieron recluidas en una cárcel. Durante ese tiempo la legislación española obligaba a tratarlas como adultas, al menos hasta la entrada en vigor de la Ley del Menor.

Iria y Raquel ingresaron primero en el módulo de mujeres de Puerto II (El Puerto de Santa María, Cádiz). Luego se les trasladó hasta la penitenciaría de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) porque varias presas les agredieron dentro de la prisión gaditana.

Finalmente, en mayo de 2001 el Juzgado de Menores de Cádiz condenó a las dos amigas asesinas a ocho años de internamiento en un centro de menores. Fueron las primeras condenadas en España por un delito de asesinato bajo la nueva legislación. El siguiente fue el joven al que idolatraban, José Rabadán. El asesino de la catana mató el 1 de abril de 2000 a sus padres y a su hermana. La chiquilla, de nueve años, nació con síndrome de Down. Tenía 17 años. El Juzgado de Menores de Murcia dictó su sentencia el 1 de junio de 2001, dos meses después de la condena a Iria y a Raquel.

Los ‘brujas’ de San Fernando comenzaron a tener permisos de salidas al poco de cumplir la mitad de la condena. Quedaron en libertad vigilada a los 23 años. Es la edad máxima que contempla la Ley del Menor para estar en un centro. En ese momento es el juez quien decide si el condenado continúa su pena en una prisión o sale a la calle con ciertas restricciones. En el caso de Iria y de Raquel se tomó la segunda de las medidas.

Los periódicos de la época, como Diario de Cádiz, siguieron día a día el devenir de un caso que conmocionó a España.

En Inglaterra se les da una nueva identidad

La ley española no contempla la posibilidad de darles una nueva identidad para protegerlas de su pasado, como se hizo en Inglaterra con John Venables y Robert Thompson. Éstos tenían 10 años cuando mataron a golpes a un pequeño de 23 meses. El Gobierno británico se gastó 4,8 millones de euros en rehabilitarlos e inventarles una nueva vida.

Venables y Thompson salieron en 2001 tras ocho años privados de libertad. Si hubieran sido españoles, ni siquiera hubieran tenido que dar la cara ante la Justicia porque la Ley del Menor sitúa la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

Un mes antes de matar a Klara, Iria y Raquel intentaron acabar con dos vidas de un plumazo. Quisieron asesinar a una embarazada en un centro comercial de San Fernando. Pero su plan salió mal y la mujer pudo huir.

El 27 de mayo del 2000 las dos amigas decidieron que tenían que matar a Klara, a quien no le consentían que se hubiera echado novio, Manuel Alejandro, o que ya no les prestara la misma atención a ellas. Lo hicieron de noche, en un descampado de su pueblo conocido como El Barrero.

“¿Para qué me habéis traído aquí, para matarme?”, escuchó un militar que hacía guardia en una garita del Observatorio de la Marina de San Fernando, colindante al lugar en el que murió Klara. El chico no vio nada, pero alertó a su oficial, quien restó importancia al hecho al tratarse de una zona habitualmente conflictiva.

Treinta y dos puñaladas. El cuello abierto 45 grados en canal. Dos severos golpes en la cabeza. Fue el resultado de la autopsia de Klara. El forense dictaminó que la adolescente, de 16 años, murió degollada y no por los navajazos.

Tras cometer el crimen, Iria, la autora intelectual, y Raquel, que acuchilló a Klara mientras su amiga la agarraba, dejaron la navaja en una maceta, se ducharon, lavaron su ropa para eliminar rastros de sangre y salieron a beber durante la madrugada de aquel viernes.

Se les detuvo al día siguiente. A los 23 años ya estaban en libertad vigilada. Hoy, los padres de la víctima viven en Chiclana de la Frontera, un pueblo vecino al suyo, pero alejados de su contexto anterior. No atienden a periodistas y echaron el cierre a la fundación contra la violencia a la que pusieron el nombre de su hija. Klara murió, pero esta semana se ha sabido que la mente que orquestó su asesinato daba clases a niños en una escuela de Oxford.

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