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España - 26.02.2019

La Justicia suspende de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco

  • El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene tres días para presentar alegaciones al texto judicial
  • El Gobierno admite que las demandas pueden retrasar la exhumación y su tramitación continúa con "absoluta normalidad"

La Justicia suspende de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco

La Justicia suspende de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar a Franco

El juez josé Yusty Basternache, perteneciente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.  

El magistrado se basa en el dictamen pericial de dos arquitectos contratados por la Fundación Francisco Franco; José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey señalan que al plan del Gobierno le faltan varios informes técnicos y ven errores en los presentados.

Tras conocer el auto, el gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado que el expediente de exhumación y posterior reinhumación del dictador, continúa su tramitación con "absoluta normalidad".

Aún así, el Ejecutivo ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" de Francisco Franco para evitar la exhumación del dictador presentando numerosas demandas judiciales, y ha admitido que estos procedimientos que piden la suspensión, tiene contabilizadas doce, cualquiera que sea su resultado, "podrían retrasar" la fase final de la ejecución del acuerdo de exhumación.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la posibilidad de acumular todos estos procedimientos judiciales en uno solo.

En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, como el que ha dictado el auto, "no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".

Tres días para las alegaciones

Desde Moncloa además, critican que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones.

"Estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos", lamentan desde el Gobierno.

Hasta la fecha le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido este martes es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte.

En el Gobierno están "convencidos" de que cuando el juzgado escuche al Ayuntamiento y sus argumentaciones dictará una resolución tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo del asunto.

Moncloa considera en cualquier caso que tantas demandas individuales con la misma fundamentación jurídica solo buscan una cosa, obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto para aumentar las probabilidades de que alguno, como ha ocurrido en este caso, dé la razón a la parte demandante.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, al llegar a la presentación de la Fundación Pedro Zerolo, que la decisión del juzgado no va a paralizar "nada" respecto a la exhumación de Franco, pese a que la licencia urbanística para llevarla a cabo ha sido suspendida cautelarmente

"A falta de expediente administrativo"

En un auto con fecha 25 de febrero, el juez José Yusty Basternache, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid,  ha paralizado cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular. 

El magistrado impugna el informe del consistorio de fecha 26 de noviembre de 2018 por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a otro lugar".

El juez argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.

Posteriormente apunta que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que no disponen de ello, dudan que las obras sean "conformes a la legalidad vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas".

"Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso", advierten al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".

Dictamen pericial de la sepultura

Se apoya el juez en un dictamen pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, que plantea que en la documentación aportada le "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco".

"Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios", ha apostillado al tiempo que apuntan al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana.

Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que "alegue lo que a su derecho proceda".

El auto lo ha dictado el juez Yusti, quien en 2007 redactó un artículo titulado 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta' en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles", en relación a la ley de Memoria Histórica.

Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O en un local municipal de Madrid y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

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