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España - 21.06.2019

El Supremo rechaza poner en libertad a los presos del ‘procés’, pero da vía libre a su traslado a cárceles catalanas

  • Da el visto bueno a su traslado a Cataluña "al no existir obstáculo ni diligencias" que requieran su intervención 
  • El tribunal rechaza excarcelar a los presos al no ver "razones sobrevenidas para ello" y responde al dictamen de la ONU 

Los doce líderes independentistas acusados por el proceso soberanista catalán en el banquillo del Tribunal Supremo al inicio del juicio.

EFE

EFE/Emilio Naranjo

El Tribunal Supremo ha rechazado poner en libertad a los presos por la causa del procés independentista una vez terminado el juicio, que ha quedado visto para sentencia, pero ha dado su visto bueno al traslado de los nueve presos a cárceles catalanas al no existir "obstáculo" ni diligencias pendientes que "exijan la intervención personal" de los líderes independentistas.

El propio presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, ha sido quien ha remitido un oficio al secretario general de Instituciones Penitenciarias en el que manifiesta que no hay obstáculo para hacer efectiva la decisión de este departamento de trasladar a prisiones catalanas a los líderes independentistas juzgados, entre los que se encuentran los parlamentarios suspendidos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva.

En cambio, en relación a la solicitud de excarcelación realizada por los acusados, salvo por Oriol Junqueras y por Raül Romeva, para que se levante la medida cautelar de la prisión preventiva, los magistrados "no aprecian razones sobrevenidas" para ello, según la nota de prensa difundida por el propio Tribunal.

El auto contesta también específicamente a la petición de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que respaldaban su solicitud en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, que recomendó su puesta en libertad. 

"Afirmaciones extravagantes" en el dictamen del grupo de la ONU 

El dictamen de la ONU, según el auto, "no tiene valor vinculante y no se refiere a los presupuestos que hacen imprescindible la medida cautelar de prisión, sino que hace una valoración de los elementos de los tipos penales objeto de la acusación a espaldas de la actividad probatoria" desarrollada durante el juicio. Los magistrados lamentan que el dictamen ignora la separación de poderes por pedir que sea el Gobierno español el que tome las medidas necesarias para la libertad de los 'Jordis'.

Además, considera que en el dictamen hay "afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal" y niega que se pretenda "coaccionar o inhibir a los líderes políticos" por sus ideas independentistas, que son, puntualiza, "las mismas que identifican a los partidos políticos que sostienen al actual gobierno" de Cataluña.

El Supremo se apoya además en los informes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en relación al dictamen del Grupo de Trabajo. Así, destaca que la Fiscalía tiene razón cuando lo califica de grupo puramente auxiliar e informativo de eventuales y futuros posicionamientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En relación con la Abogacía del Estado, la Sala recuerda que ha solicitado la revisión del mencionado dictamen por falta de imparcialidad y objetividad en los miembros del Grupo de Trabajo, aludiendo entre otros extremos a la sospecha de filtración del informe por el abogado de Cuixart, Sànchez y Junqueras, que habría sido relator de Naciones Unidas hasta 2017 y habría desarrollado una actividad concomitante con dos miembros del Grupo de Trabajo.

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