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España - 05.07.2019

El juez del caso Villarejo impone una fianza de 300.000 euros al exjefe de Seguridad del BBVA

  • El juez le ha dado un plazo de 15 días para abonar la fianza, de lo contrario, ingresará en prisión
  • Una vez depositada, se le retirará el pasaporte y se le impondrá la prohibición de salir de España

El juez del caso Villarejo impone una fianza de 300.000 euros al exjefe de Seguridad del BBVA

El juez del caso Villarejo impone una fianza de 300.000 euros al exjefe de Seguridad del BBVA

El juez del caso Villarejo ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el exjefe de Seguridad del BBVA y excomisario general de Policía Judicial, Julio Corrochano, en la pieza en la que se investiga el espionaje que la entidad bancaria supuestamente encargó al excomisario José Manuel Villarejo.

Corrochano, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ha comparecido este viernes como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ahora debe decidir sobre la petición de los fiscales del caso Villarejo, según han informado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes han afirmado que el juez, que ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le ha dado un plazo de 15 días para abonar la fianza, de lo contrario, ingresará en prisión.

Una vez depositada, se le retirará el pasaporte y se le impondrá la prohibición de salir de España y comparecencias mensuales en el juzgado más próximo a su domicilio.

También estaban citados este viernes Inés Díaz Ochagavia, que sustituyó a Corrochano como directora de Seguridad Corporativa, y Nazario Campo Campuzano, jefe del equipo de Seguridad, quienes también se han acogido a su derecho a no declarar al igual que hicieron ayer otros cargos del BBVA.

El que sí ha prestado declaración es el socio de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, que estuvo unos 10 meses en prisión, de donde salió tras depositar 100.000 euros de fianza y sobre el que pesan medidas cautelares.

Relación entre entidades

En esta pieza, que permanece bajo secreto, el juez investiga la relación del BBVA con Cenyt, la empresa de Villarejo, que se cree comenzó en 2004, cuando Sacyr pretendía tomar el control de la entidad. Según la investigación el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros.

El nombre de Corrochano aparece en contratos suscritos con Cenyt, y en intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el "presi" le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación de espionaje.

Estas pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.

Exministros, periodistas, empresarios y banqueros, entre otros, fueron objeto de este espionaje para el que Villarejo se habría servido de la ayuda, entre otros, de Corrochano.

Sin comparecer

De los cinco cargos pasados y actuales del banco citados ayer por el juez, dos de ellos no han comparecido por estar en el extranjero, el ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano y Ricardo Gómez Barredo, miembro del Consejo de Administración de Garanti (sociedad participada por el BBVA), por lo que el juez les ha vuelto a llamar para el próximo jueves.

Solo uno de ellos, Antonio J. Béjar González, presidente de Distrito Castellana Norte (sociedad en la que el banco tiene participación), accedió a prestar una breve declaración a preguntas de su abogado.

Béjar, que en la época en que se produjeron los hechos, los cuales se remontan a 2004 y hasta la detención de Villarejo en noviembre de 2017, fue jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, ha trasladado al juez la explicación que ya dio en 2018 la entidad bancaria sobre la contratación por el banco de la empresa de Villarejo, Cenyt.

En octubre de 2018, el BBVA explicó que Cenyt había sido proveedor del área de seguridad del banco para servicios de asesoría en materia de seguridad e investigación patrimonial de deudores, por lo que esta contratación tenía como objetivo principal localizar morosos.

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