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Cultura - 07.01.2019

Comienza el juicio a la exintendente del Palau de les Arts de Valencia por prevaricación, malversación y falsedad

La Generalitat y el fiscal solicitan siete años de cárcel para Schmidt por su gestión al frente del coliseo

También era una fría mañana de enero, pero de hace tres años. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en un gran despliegue, rodeaba uno de los últimos edificios construidos por Santiago Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, registraba el recinto y detenía a la máxima dirigente desde su inauguración en 2005, la poderosa Helga Schmidt, y a su director financiero, Ernesto Moreno.

Ese mismo día, tres empresarios valencianos eran acusados de participar en un fraude por la externalización de patrocinios de la ópera valenciana y la facturación inflada de varios contratos. Todos se enfrentan desde mañana, martes, a la cárcel. Siete años para Schmidt y su gerente, y dos años y ocho meses de prisión para Joaquín Maldonado, José Antonio Noguera y Pablo Broseta, por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La investigación se inició tras un informe de la Intervención de la Generalitat de 2013 que señalaba que Schmidt había realizado contratos que incumplían la ley, al adjudicar contrataciones a una empresa de la que era consejera, Patrocini de les Arts. En el auto de apertura de juicio, el magistrado no tiene ninguna duda y destaca que la acusada utilizaba el nombre que consta en su pasaporte austriaco, Helga Pittioni, “para ocultar su participación en una sociedad privada que contrataba directamente con la Fundación Pública de la que era intendente».

El juez resalta que durante el periodo en el que la acusada «compatibilizó de manera ilícita» ambos cargos, suscribió cinco contratos «que suponían un evidente beneficio económico para la sociedad privada». Para los que Patrocini de les Arts «carecía de infraestructura personal y material», de forma que la principal labor de la compañía privada, que era la captación de patrocinadores, se seguía realizando desde el Palau «con el perfecto conocimiento de la intendente». Cobraban una comisión del 10% por la renovación de patrocinios y el 30% por nuevos socios financieros. 

La organización del festival Viva Europa fue otra de las irregularidades. La empresa del certamen tenía como único socio a la sociedad Patrocini. Se realizaron tres ediciones. En todas se aceptaron facturas cuyo contenido y precio «no se ajustaban a la realidad», según la Sindicatura de Cuentas, que señala que se pagaron sobrecostes carentes de toda justificación.

La empresa Radcliffe, del abogado Pablo Broseta, solo realizó la labor de intermediación. Esta firma tampoco podía cumplir con los servicios adjudicados porque «carecía de capacidad de impresión». Sin embargo, según el auto, el margen de beneficios que obtuvo fue «desorbitado». Se le adjudicó el diseño y la impresión del material del Palau. Trabajo que siguió realizando, en realidad, la misma empresa que lo hacía, Imprenta de Comunicación Gráfica. 

La operación desencadenó que el Gobierno valenciano, entonces presidido por el popular Alberto Fabra, prescindiera de los servicios de Schmidt, abonando la pertinente indemnización, más de 20.800 euros, y nombrara un sustituto, el italiano Davide Livermore, el segundo de la etapa de Schmitd, que abandonó el Palau el pasado año. El coliseo valenciano dispone en la actualidad de una gestión completamente diferente, dirigida desde el Patronato, formado por 17 miembros, seis de los cuales provienen de la sociedad civil valenciana y 11 son representantes institucionales. La impulsora de la Fundació Per Amor a l’Art, Susana Lloret, es su presidenta.

El juicio por malversación de fondos públicos en el Palau de les Arts de Valencia empieza este martes en la sección segunda de la Audiencia de Valencia con la amenaza del aplazamiento que ha solicitado el nuevo abogado de Schmidt, el exfiscal Carlos Sáiz, tras la renuncia del anterior abogado por motivos de salud.

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